La Cámara Baja aprobó la iniciativa que promueve la creación del Fondo Provincial de Recompensas con el objeto de abonar una compensación dineraria ofrecida públicamente a aquellas personas que aporten datos útiles, informes, testimonios, documentación u otro elemento de referencia fehaciente para esclarecer delitos de competencia ordinaria de los tribunales de la Provincia.
Dicha información por su gravedad o complejidad; deberá ayudar a individualizar o lograr la detención de sus autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores o dar con el paradero de una persona desaparecida o extraviada.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia será la Autoridad de Aplicación, quién previa solicitud formal al Ministerio Público Fiscal o a solicitud de este, tiene a su cargo el ofrecimiento y el pago de la recompensa, debiendo el mismo disponerse por resolución fundada, indicando el número de la causa, carátula, Fiscalía, Juzgado o Tribunal intervinientes, una síntesis del hecho, la información que se considere de utilidad para su esclarecimiento, el monto del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y la forma de presentación.
Cabe destacar que el monto será fijado teniendo en cuenta la complejidad del caso, gravedad social o institucional y las dificultades para obtener información. Así también, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el tiempo transcurrido, la Autoridad de Aplicación tiene la facultad de incrementar el monto.
Así también, el pago se efectuará previo informe del Ministerio Público Fiscal sobre el mérito y relevancia de la información aportada. En el caso de que más de una persona aporte la misma información, el pago le corresponde sólo a quien la suministró primero. La constancia del pago se instrumenta mediante acta labrada al efecto, asegurando la reserva de identidad.
Por otro lado, la identidad de la persona que aporte información se debe mantener en reserva antes, durante y después de finalizado el proceso judicial.
Quedan excluidos de obtener la recompensa las personas que hubiesen intervenido en la comisión del delito como autor, coautor, cómplice, encubridor o instigador; el personal de las fuerzas de seguridad o inteligencia, en actividad o en situación de retiro, y; funcionarios y empleados públicos respecto de hechos sobre los que tienen el deber de denunciar.
La diputada Patricia Hucena, una de las autoras de la iniciativa, precisó los antecedentes legislativos a nivel nacional y en diferentes provincias, en las cuales existen diferentes sistemas de pago de recompensas, los cuales han traído aparejados resultados satisfactorios, por lo que es necesario este tipo de regulación en estos casos.
En tanto, la diputada Sofía Sierra, expresó su apoyo a la iniciativa y resaltó la importancia de que sea el Ministerio Público Fiscal quién realice la aprobación o el pedido de recompensa para los diferentes casos.
A su turno, la diputada Ramona Riquelme destacó el espíritu de la iniciativa, ya que la misma promueve el secreto y la seguridad de las personas que puedan brindar información.
El proyecto de autoría de los diputados Esteban Amat, Gonzalo Caro, Laura Cartuccia, Carolina Ceaglio, Ana Córdoba, Elena Díaz, Patricia Hucena, Víctor Lamberto, Marcela Leguina, María del Socorro López, Patricio Peñalba, Martín Pérez, Germán Rallé, Juan Roque Posse, Azucena Salva, Lino Yonar, fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.
