El presidente de la Cámara de Diputados recibió a familiares de Lucio Abel Dupuy, con quienes abordó la adhesión de la provincia de Salta a la “Ley Lucio”, recientemente sancionada por el Congreso Nacional.
La reunión estuvo encabezada por el titular del Cuerpo, Esteban Amat Lacroix, y contó con la presencia del secretario Legislativo, Raúl Medina, y el prosecretario Legislativo, Pedro Mellado.
Además, estuvieron presentes Lorena Daza, asesora especialista en Infancia y Adolescencia del caso de Lucio Dupuy; Cinthia Dupuy y Mayra Marietti Dupuy, familiares de Lucio e integrantes de la Asociación Civil Lucio Abel Dupuy; y Agustina Argüello, asistente jurídica.
Al comienzo del encuentro, se analizaron los ejes principales de la ley que ahora debe ser reglamentada del Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, desde la Asociación, resaltaron la necesidad de que las provincias adhieran a la misma, ya que consideraron, promueve un marco normativo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Mediante esta normativa buscamos brindar una herramienta al Estado a fin de efectivizar el cuidado de los niños violentados”, subrayaron, a la vez que aseguraron que es necesario un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a fin de arribar a resultados óptimos en la futura aplicación de la ley.
El presidente de la Cámara de Diputados destacó la presencia de los integrantes de la Asociación en nuestra provincia, a la vez que expresó su compromiso de trabajar en la normativa para la adhesión de la Provincia a la Ley nacional conjuntamente con todos los legisladores del Cuerpo.
Ley Lucio Dupuy
Esta normativa busca prevenir la violencia y abuso en la infancia, establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto.
El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (plan que le da nombre a la ley) dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
Otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando “la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad”.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
