La multisectorial salteña emitió un comunicado solicitando enérgicamente a la Justicia Federal que tome “medidas concretas y efectivas para garantizar el libre tránsito y la seguridad en las rutas de la provincia de Salta”.
Diferentes sectores empresariales de la provincia de Salta han levantado su voz en contra de lo que consideran una inacción por parte de la Justicia Federal en relación a los constantes cortes de ruta, piquetes y situaciones de inseguridad que afectan a la región.
La multisectorial salteña, integrada por cámaras e instituciones locales, ha manifestado tanto en ámbitos privados como públicos su profunda preocupación por la falta de acción de los fiscales federales frente a esta problemática.
En particular, expresan su inquietud por los continuos cortes que se han llevado a cabo en las rutas nacionales que atraviesan la provincia, tales como la Ruta 51, 34, 86, 9, 50, 68 y 16, las cuales son importantes vías de comunicación para la región. Estos cortes han obstaculizado el tránsito durante los últimos 20 años, privando a los habitantes de las localidades y a los trabajadores de ejercer su derecho constitucional de circular libremente.
Esta situación ha generado inconvenientes y perjuicios tanto para el transporte de mercancías como para el desplazamiento de personas, afectando a diversos sectores de la economía y generando un clima de inseguridad y preocupación en la comunidad.
Ante este escenario, los representantes empresariales han solicitado enérgicamente a la Justicia Federal que tome medidas concretas y efectivas para garantizar el libre tránsito y la seguridad en las rutas de la provincia de Salta. Asimismo, han instado a las autoridades competentes a dialogar y buscar soluciones para resolver esta problemática de manera definitiva, evitando así mayores perjuicios para la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el asunto y promuevan acciones que garanticen la seguridad y el normal desarrollo de las actividades en la región, sin obstrucciones ni situaciones de inseguridad que afecten a la comunidad.
Fuente: El Tribuno
