El objetivo principal del proyecto es proteger la integridad de los estudiantes. Senadores y funcionarios del ministerio de Educación consensuaron la necesidad de ampliar la iniciativa para abarcar con mayor precisión aquellos casos que involucran al personal que ya se encuentra en el sistema.
Este miércoles, durante la reunión de comisión de Educación se plateo el debate del Proyecto de Ley que dispone que los aspirantes a desempeñar cargos docentes o no docentes en todos los niveles deban carecer de antecedentes penales desfavorables por delitos contra la integridad sexual, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Allí participaron funcionarios del ministerio de Educación.
El debate se llevó a cabo durante una reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, encabezada por el presidente de la comisión, Dani Nolasco. Participaron también los senadores Leonor Minetti, autora del proyecto; Alejandra Navarro; Diego Cari; y Miguel Calabró, así como representantes del Ministerio de Educación: el secretario Institucional y Administrativo, Eduardo Costello; el Coordinador de asuntos jurídicos, Federico Andrés; y la Jefa de despacho, Luisa Fernández.
El proyecto de ley, que busca ser enriquecido con diversas aportaciones, estipula que todos los aspirantes a desempeñar cargos docentes y no docentes deben presentar un certificado de antecedentes provinciales y nacionales que demuestre la ausencia de antecedentes penales por delitos sexuales. Este requisito se incluirá en el legajo del docente.
Desde el Ministerio de Educación, Costello destacó la importancia de avanzar con este tipo de normativa, considerándola una herramienta crucial para abordar situaciones sensibles que afectan a toda la comunidad educativa. “No se pueden tolerar abusos y la normativa actual es demasiado garantista, impidiendo la desvinculación de un acusado hasta que haya un fallo judicial en su contra”, señaló Costello. Además, subrayó que el traslado del acusado, medida actualmente utilizada, beneficia al acusado y perjudica a los padres de los alumnos.
Fernández añadió que ante denuncias de abuso, se instruye un sumario y se da intervención a la fiscalía penal si no hubo denuncia previa, mientras que Andrés sugirió mejorar la articulación con el Poder Judicial para acceder a los registros de los postulantes.
Alcances del Proyecto
El proyecto también apunta a regular la situación del personal que ya se encuentra en el sistema educativo y que actualmente se maneja a través de un protocolo de actuación de 2018, o por vía judicial. Navarro recalcó la necesidad de avanzar hacia una legislación integral, y Minetti adelantó la decisión de convocar a otros sectores interesados en el tema. Por su parte, Calabró pidió que la legislación sea contundente y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en concordancia con las normas internacionales a las que adhiere Argentina.
Situación de Docentes Sumariados
En otro tema, Costello informó al Senado sobre la situación de 127 docentes sumariados que acampan en la Plaza 9 de Julio. Explicó que estos docentes están a la espera del dictamen de la secretaría de personal para proceder, si corresponde, a su cesantía. Costello enfatizó que solo los gremios tienen la prerrogativa de llevar adelante medidas de fuerza, y que en este caso, los docentes llevan más de seis meses sin prestar tareas, superando el límite de diez días de inasistencia injustificada que permite iniciar un sumario de cesantía según el estatuto.
Con este proyecto, se busca dar un paso significativo hacia la protección de la comunidad educativa y garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes.