Lo acusan de malversación de fondos del carnaval 2020 y no respetar la institucionalidad de ese cuerpo. El juicio político había ingresado en julio de este año. Ahora la Corte debe decidir.
El Concejo Deliberante de Rosario de Lerma votó ayer por la mañana la destitución del intendente local, Enrique Martínez, por mal desempeño e irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Se lo encontró culpable por la comisión de siete hechos, el más grave, el de malversación de los fondos obtenidos en el Carnaval del 2020 apenas había asumido como jefe comunal.
Seis de los ocho concejales presentes, la novena integrante está ausente desde hace meses por enfermedad, votaron a favor de la destitución del mandatario comunal, alcanzando así los dos tercios necesarios, y cerrando el juicio político que comenzó en julio de este año.
El concejal Facundo Ramos le contó a Salta/12 que si bien la denuncia contra Martínez por malversación de fondos data del año 2020, cuando un arrepentido trabajador municipal radicó la misma en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, asegurando que el intendente y su tesorera se quedaron con unos $10 millones de lo recaudado en los corsos. “Se fueron sumando causas que configuraban mal desempeño”, como la de designaciones de la jueza de Faltas, o la tesorera, sin el acuerdo del Concejo Deliberante, y que está previsto en la Carta Orgánica local. O resoluciones impositivas, “cuando todo lo que versa por impuestos tiene que pasar por el poder legislativo”. Así como la ejecución presupuestaria anual que no tenía el visto bueno de los ediles.
Ramos detalló que desde que comenzó el juicio, e incluso antes, cuando le pedían a Martínez que rinda todo lo recaudado y gastado en el último carnaval que se pudo realizar antes de la pandemia, “nunca presentó documentación respaldatoria”, sino que se encargó de responder con dilaciones al proceso de enjuiciamiento. “Se limita a contestar chicanas de que todo es un circo político pero nunca aportó pruebas, ni se acercó a contestar nuestros requerimientos las veces que lo citamos”, argumentó el edil.
También acotó que el año pasado se filtró un audio del actual director del Área de Legales municipal, Mauricio Martina, en donde hablaba con quien antes ocupaba su cargo, María Lourdes Cardozo, “ofreciéndole un cargo si es que testificaba a su favor ante el requerimiento de testigos que había solicitado la fiscalía”. “Eso también se trató en el Concejo Deliberante para tomar la decisión que terminamos tomando”, agregó.
“Nunca se presentó a ejercer su defensa, solo se limitó a presentar excepciones y pedir la nulidad, como si esto fuera la Justicia y no el cuerpo deliberativo de la ciudad”, relató Facundo Ramos. “por eso ponderamos la prueba que teníamos y llegamos a la conclusión que se debía proceder con la destitución”, concluyó.
Otro concejal, Leonardo Rosas, confirmó los dichos de su colega, y sobre la denuncia que pesa sobre el jefe comunal por el robo de dinero del corso, recordó que en ese momento, Martínez terminó conformando una comisión “unilateral”, sin dejar que ningún concejal participe, “eran todos funcionarios y gente allegada a él”.
“Nosotros ya habíamos hecho una comisión de control del Carnaval y no nos dejaron participar”, afirmó, y explicó que esa comisión, con el aval del Concejo, habían solicitado que un porcentaje de lo recaudado por la venta de entradas se destine para levantar el remate que tenían las instalaciones de la Asociación de Jubilados y Pensionados, “eso nunca se aclaró ni se rindió que se hizo con ese dinero, porque al final al conflicto lo resolvió la provincia”, y detalló que eran algo así como $1.500.000 pesos.
Al igual que el 3% de lo recaudado que debía destinarse para la compra de útiles escolares, “esa plata tampoco llegó nunca, y los chicos más necesitados se quedaron sin su ayuda para llevar los útiles al colegio”.
Rosas consideró que el Concejo podría haber actuado de otra manera si el intendente no se mantenía apático a la convocatoria de ese cuerpo, “porque tuvo las instancias para hacer su descargo, podría haber enviado un informe detallando todo lo que se recaudó y gastó, pero nunca lo hizo”. “Se le hacía una acusación y lo que volvía era un pedido de nulidad, una berretada que además le falta el respeto no solo al sistema legislativo, sino a la gente que lo votó, que necesita una respuesta de su mandatario”, argumentó el concejal.
Entre las causas que sumaron los concejales, se encuentran las ya citadas; una ordenanza de Código de Edificación “copiada y pegada del municipio de San Lorenzo”, que incumple las ordenanzas que los ediles aprueban. La ejecución presupuestaria del 2020, en donde quedaron $291 millones sin rendir. Y que “se realizaron descuentos a trabajadores y trabajadoras municipales en concepto de tareas insalubres y riesgosas”.
Votaron a favor los dos hermanos Galleguillos, a los que se sumaron Mónica Soto, Leonardo Rosas, Facundo Ramos, y el presidente del Cuerpo Gastón Liendro, que por reglamento puede votar cuando se necesitan los dos tercios. Mientras que en contra votaron las oficialistas Liliana Céspedes y Abigail Cruz.
Una vez notificado, el intendente tendrá 15 días para apelar la resolución en la Corte de Justicia y de esa manera frenar el efecto de la misma. El máximo tribunal provincial deberá decidir si el proceso de Juicio Político fue correcto, pero no está facultado para decidir sobre la cuestión de fondo. Mientras eso no suceda, Martínez podrá seguir ejerciendo sus funciones.
Martínez se suma a una larga lista de jefes comunales sometidos a procesos de destitución que incluye al de Salvador Mazza, Rubén Méndez, el de Cafayate, Fernando “Casita” Almeda, el de Joaquín V. González, Juan Domingo Aguirre, y el de San Carlos, Héctor “Rulo” Vargas. Muchos de ellos, a los que se suman otra media docena de ex jefes comunales, tienen causas judiciales por malversación de fondos y mal desempeño de sus funciones.
