Diputadas recibieron a referentes nacionales y provinciales de asociaciones de víctimas de delitos, con el objetivo de estudiar el proyecto de ley que promueve la adhesión de Salta a la Ley Nacional N° 27.372, cuya finalidad es promover y garantizar el derecho de acceso a la justicia a quienes han sufrido un delito o violaciones de derechos humanos.
La reunión realizada en el Salón de los Presidentes de la Cámara Baja contó con la presencia de las diputadas Nancy Jaime, Socorro Villamayor, Laura Cartuccia, Cristina Fiore, y Cristina Frisoli. Además, estuvieron presentes Nilda Gómez, representante del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y presidenta de la Asociación Civil Familias por la Vida; Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS-Salta; Ana Fernández, Presidenta Fundación “Cintia Fernández”; Rita García, de Infancia Robada Campana – Activista en derechos Vulnerables en Niñez; Norma Bonelli, Asociación Civil Carla Arduini y Coordinadora Mesa Federal de Argentina y Victimas del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia; entre otras.
Al comienzo del encuentro, Nilda Gómez, titular del Observatorio de Víctimas de Delitos, dependiente del ministerio Justicia y Derechos Humanos de Nación explicó que la normativa nacional es vital para promover el derecho a la justicia de las víctimas y evitar su revictimización.
“Es una ley de las víctimas, garantizando que se respeten sus derechos, brindando herramientas y garantizando el acceso a la justicia a estas personas”, aseveró la funcionaria.
En este sentido, aseveró que la víctima de un delito, sufre la vulnerabilidad de sus derechos, ya que consideró, en muchos casos dentro del sistema el victimario cuenta con mayores herramientas. Por otro lado, destacó que la normativa apunta a la eficacia en la aplicación de las normativas existentes en la temática, la atención integral a la víctima, y la capacitación a quienes son los encargados de recibir la denuncia y atenderlas en primera instancia.
Por su parte, Ana Fernández, titular de la Fundación “Cintia Fernández”, destacó la importancia de este tipo de normativas, a la vez que señaló que es indispensable lograr su aplicación efectiva en la provincia, y que la misma esté acompañada por medidas que den respuestas a las víctimas o sus familiares.
En coincidencia, Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS-Salta, manifestó que es imperioso que se avance con la implementación de esta Ley, y en la atención a las víctimas. Así también destacó que esta normativa es una herramienta legislativa de posible aplicación en la provincia.
Por su parte, las diputadas destacaron la importancia de esta Ley, como también el abordaje de la misma para su adecuada aplicación en la provincia, para de esta forma, lograr que sea efectiva. A su vez, hicieron hincapié en que es necesario apuntar la capacitación de los recursos humanos para la atención de las víctimas, de manera que reciban un trato digno.
Finalmente las legisladoras presentes precisaron que el proyecto de Ley vinculado a esta normativa será analizado y trabajado en las comisiones correspondientes.
