El jefe de Estado instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito.
El presidente Alberto Fernández anunció a través de cadena nacional que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. De acuerdo a la visión del jefe de Estado, los involucrados habrían cometido diversos delitos, entre ellos “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del vuelo. En los mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de una fiscal federal de Bariloche para cerrar un expediente que se había abierto para investigar los motivos del encuentro en la Patagonia.
El origen de la filtración es atribuida a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia. D’Alessandro es uno de los funcionarios que había sido mencionado como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. Otro de los involucrados es el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que también presentó una denuncia. El resto de los integrantes serían jueces, fiscales y un empresario de uno de los multimedios más grandes del país.
“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.
“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, analizó.
La filtración y la decisión del Presidente de denunciar el viaje surgen a horas de que se conozca el veredicto en la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no se expresó públicamente sobre el tema.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, afirmó el primer mandatario.
Y antes de instar a las acciones legales correspondientes, concluyó: “Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
