La joven murió en agosto de 2020 enferma de cáncer; a él lo hicieron volver desde Huinca Renancó a Neuquén por un test de Covid-19 de resultado “sospechoso”.
En Huinca Renancó, al sur de Córdoba, casi en el límite con La Pampa, se inauguró este miércoles un memorial en honor a Solange Musse, la joven que falleció de cáncer en plena pandemia de Covid-19 sin poder despedirse de su padre por las restricciones impuestas a la circulación. Desde esa ciudad debió regresar él a Neuquén cuando, en agosto de 2020, no lo dejaron llegar a la capital cordobesa para cumplir con el pedido de su hija de verlo antes de morir. Hoy, la recuerda un monolito con una imagen de ella y su frase “Hasta mi último suspiro tengo mis derechos”.
Pablo Musse, su padre, participó del homenaje en uno de los ingresos de la ciudad, donde se emplazó el memorial. “Es para recordar a todas las víctimas de la pandemia y las injusticias que se vivieron”, dijo.
Cuando Solange –que padecía cáncer de mama en estadio 4 y estaba con su madre– empezó a vivir el calvario de no poder reencontrarse su padre, a mediados de agosto de 2020, escribió una carta en la que utilizó la frase que ahora quedó plasmada en la estructura. Ya entonces la joven, de 35 años, tenía dificultades para hablar y optó por difundir un texto escrito.
“Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”, expresó.
El 16 de agosto su padre y su tía, una persona con discapacidad, fueron obligados a regresar a Neuquén desde Huinca Renancó porque el test de Covid de Musse dio un “resultado dudoso”. Solange murió el 21 y antes escribió que “lo único” que necesitaba era “que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie”.
El caso, que impactó y conmovió a todo el país, derivó en una causa judicial. Hace dos semanas la Cámara de Apelaciones de Río Cuarto ordenó a la fiscalía de Huinca continuar con la investigación probatoria.
Es que el 6 de octubre el juzgado de control de Huinca Renancó había considerado incumplida la investigación penal preparatoria y declarado que no existía mérito suficiente para elevar la causa a juicio ni para sobreseer a los imputados.
“Las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por quién que persisten ante la prescindencia de los medidas probatorias indicadas, tornan insostenible la existencia de elementos de convicción suficientes idóneos en cuanto tales para afirmar la probable verificación de los extremos de la imputación”, señaló la Cámara.
Los imputados son Eduardo Javier Andrada, director del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, integrante de la mesa epidemiológica del Comité Operativo de Emergencias (COE), considerados probables coautores del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; el médico policial Sergio José Alí, posible partícipe necesario del mismo delito, y el sargento Darío Javier Mansilla, probable autor de omisión de deberes de su oficio.
