Finalmente el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, condenó a cinco concejales de distintas localidades del interior a la pena de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el cobro ilegal de los $10.000 que otorgaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aporte realizado por el gobierno nacional durante el año 2020.
Se trata de Paola Cantarella, Jesús Cuéllar y Gabriela Cazón, concejales de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas.
En primero lugar, Cantarella y Cuéllar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el caso del ex concejal de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga, el mismo fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. Toranzos había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación.
Por otra parte, Nicolasa Maras, concejala de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Mientras la fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.
Este segundo juicio oral contra funcionarios públicos por el cobro del Ingreso de Emergencia, había iniciado el 15 de febrero con audiencias semanales. Del total de imputados, 30 casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17, a través de conciliaciones. Lo que equivale a 47 acuerdos a través de medidas alternativas de resolución de conflicto, las cuales dejaron un saldo de $1.559.000 en donaciones por parte de los apuntados, que se destinaron a 45 entidades de bien público, según informó el Ministerio Público.
Se establecieron 3.694 horas de trabajos comunitarios por parte de los concejales que adhirieron a estas medidas, incluso 28 de ellos acordaron auto inhabilitarse para participar como candidatos en dos periodos electorales.
Por otro lado, el tribunal decidió absolver a otros tres concejales, Santos Palma, de Animaná, y Julio Pedro Laxi, de Rivadavia Banda Norte, por pedido de la misma fiscalía, que los había imputado inicialmente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Y a Héctor Sebastián Cari, de Guachipas, por el beneficio de la duda.
Las condenas dictadas ayer se suman a la de los ex gerentes del PAMI de Orán y Embarcación, Viviana Fernández y Javier Navarreta, quienes recibieron penas de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública. Ese fallo fue dictado también por el TOF 1 el 2 de agosto de 2021.
Al momento de pedir la declaración de responsabilidad de los acusados en el debate concluido ayer, el fiscal Toranzos resaltó la calidad de funcionarios públicos que revestían, situación que les impedía acceder al beneficio del IFE. “Traicionaron el voto popular a sabiendas del perjuicio en que hicieron incurrir al Estado”, expresó el funcionario del Ministerio Público Federal, y les recordó que al obtener el beneficio provocaron “que otro ciudadano, que sí reunía las condiciones de necesidad, no lo recibiera”.
