Luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera rechazar el recurso extraordinario en la causa Matías Huergo por las facturas aprócrifas, emitidas y pagadas durante la intendencia de Gustavo Sáenz, deberá ser, finalmente, un Tribunal provincial quien deba juzgar los ilícitos cometidos contra la administración pública municipal.
En una enorme encrucijada. Allí se encuentra Pedro García Castiella, procurador general de la provincia y titular de la Oficina Anti- Corrupción al momento de cometerse los hechos que a partir de ahora deberá investigar la justicia provincial, encrucijada porque el procurador es el jefe de las y los fiscales, quienes tendrán la responsabilidad de investigar para la defensa de los intereses públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos.
«A García Castiella le pasaron los elefantes por al lado», es un fragmento de declaración del diputado nacional Carlos Zapata al referirse a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a quien deberá investigar y dilucidar quién o quiénes fueron los protagonistas del millonario desfalco al erario municipal con facturas apócrifas durante la gestión de Sáenz.
Y lo dijo porque el 29 de febrero de 2016, Gustavo Sáenz firmó el decreto de designación del abogado Pedro García Castiella como titular de la Oficina Anti Corrupción de la Municipalidad, argumentando que «la decisión de crear la oficina fue política» ponderando los antecedentes de García Castiella, a quien definió entonces como una persona respetada y honesta. El único objetivo de la agencia era «evitar» corrupción en funcionarios de su gestión.
Una vez que Sáenz se convirtió en gobernador de Salta, García Castiella también ascendió de categoría, porque el 30 de diciembre de 2019, veinte días después de asumido Sáenz, fue designado Secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, cargo que ocupó hasta el 3 de marzo. Tres meses después, el 4 de marzo del 2020, asumió como Defensor General de la provincia reemplazando a María Inés Diez.
Estas designaciones y el acompañamiento evidente del abogado a Gustavo Sáenz desde la intendencia, le «causa temor» a Zapata porque será él quien deba bregar por una buena investigación en la causa de las facturas apócrifas. «Espero que ahora trabaje, porque los salteños merecemos saber qué pasó con esa millonada de pesos. Los hechos de corrupción deben ser castigados, sea quien sea y del partido que sean», cerró el legislador nacional.
Fuente: El Tintero de Salta
