Ayer se realizó la audiencia pública organizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para tratar el pedido de incremento del boleto que solicitó SAETA, la empresa prestataria del servicio de transporte automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta.
La empresa había solicitado una suba del 55% en las tarifas de los servicios urbanos y metropolitanos, respaldándose en el aumento salarial otorgado a sus trabajadores, el costo del gasoil y el precio del boleto en comparación con otras jurisdicciones del país.
Sin embargo, la solicitud encontró un fuerte rechazo de parte de los exponentes, aludiendo que no era conveniente una suba en este contexto social y económico, ya que se afectaría principalmente a las familias de escasos recursos. Por ello, se sugirió que la empresa debía asumir sus propios costos. Ahora resta que las gerencias de economía y jurídica de la AMT realicen los estudios correspondientes para tomar una decisión, que se estima, se dará a conocer la próxima semana.
El presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, agradeció la participación de la comunidad salteña y contó que 16 oradores presentaron sus puntos de vista respecto al pedido de SAETA. Adelantó que ahora se iniciará un proceso en el que evaluarán “todo lo expuesto por la empresa y los vecinos”. La audiencia se realizó en la localidad de Rosario de Lerma, con más de 40 personas presentes, entre ellos vecinos de esa comuna.
Uno de los exponentes fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Nuñez Burgos, quien sostuvo a Salta/12 que, desde el principio, se manifestaron en contra de la suba del boleto, ya que consideraron que “el aumento había sido resuelto en enero”. De esta manera, se priorizaría que “no vuelvan a sufrir los usuarios”. La readecuación se dio a partir del 1 de febrero pasado, cuando el boleto pasó de $32 a $41.
Burgos también dijo que el rechazo al aumento involucraba discutir sobre la redistribución de los subsidios nacionales, ya que afirmó que existe un problema en la distribución federal de los ingresos. Dijo que la empresa se sostiene con el 20%, que ingresa por el uso del transporte de parte de los usuarios; un 30%, de subsidios nacionales y más de un 50%, de aportes de la provincia.
Eso hace que el sistema sea sostenido por los salteños, cuando en Buenos Aires el aporte de subsidios que reciben las empresas es variable en relación a los costos”, expresó. En esa línea, aseguró que lo que recibe Salta desde Nación, “siempre es el mismo valor”, a pesar de la suba de los costos. “Cuando hay aumentos de costos, lo pagan los usuarios”, manifestó, instando a que se genere un debate sobre dicha distribución, priorizando que sea “equitativa” y “equilibrada”.
El funcionario municipal también dijo que la misma empresa debe asumir ciertos riesgos. “No se puede trasladar directamente el aumento de los costos a los usuarios, sino que la empresa tiene que absorber parte de esos costos”, recriminó, agregando que deben avanzar en un mejoramiento del sistema vinculado al consumo energético.
Por su parte, el abogado Gonzalo Guzmán Coraita manifestó que el pedido de SAETA es “inoportuno”, más si se tiene en cuenta el contexto económico del país. “En definitiva, el aumento siempre recae en el usuario”, expresó. El abogado contó a este medio que solicitó durante su exposición que se prorrogue la audiencia ya que no se contaba con toda la información de parte de la empresa.
“No estaban publicados los estados contables de 2021 y eso era fundamental conocer” para comprender el contexto del pedido, dijo. Algunas de las ausencias que detalló el abogado tenían que ver con los sueldos de los directores de la empresa; la nómina de empleados y su escala salarial; los gastos de contratación de la firma, de obras o mantenimientos de paradores. “No está publicado, de acuerdo a lo que exige la Ley y es información que el usuario tiene que tener para poder tomar decisiones”, indicó.
También participó la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNSa, Anita Cruz, quien expresó que debe tenerse en cuenta el proceso inflacionario que enfrenta el país y que afecta a todos los sectores. “Muchos no pueden pagar más de cuatro boletos por día”, afirmó. “Se hizo una comparación con otras provincias, pero no se explicó bien desde qué lugar”, cuestionó.
En ese sentido, dijo a Salta/12 que su pedido fue claro, ya que “nos encontramos en medio de una crisis socioeconómica y el estudiantado necesita hoy más que nunca que los derechos adquiridos sean reforzados”. Cuestionó la burocracia existente por parte de la empresa y la Universidad para que se habilite como corresponde el Pase Libre estudiantil, que es gratuito para estudiantes de todos los niveles, así como para jubilados y jubiladas.
Cruz solicitó también que se tenga en cuenta a “aquellos estudiantes que no sólo estudian, sino que trabajan, están al cuidado de otras personas, son padres, madres”. Asimismo, exigió que “se extienda el rango de horario para el pase libre los fines de semana, tanto con quienes cursan los días sábados y con quienes se encuentran participando en proyectos de extensión, proyectos de investigación, pasantías, trabajos de campo, entre otros proyectos que salen de la Universidad y tienen implicancia con el territorio”.
En relación a la audiencia organizada por la AMT, dijo que no fue “para nada inclusiva”, ya que se llevó a cabo en el departamento Rosario de Lerma, además de que “sólo 14 personas pudieron expresar sus pedidos y opiniones”.
