Se trata de Sergio Gerardo Oliva, jefe comunal de la localidad de Aguas Blancas, quien deberá cumplir la pena de seis meses de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, luego de hallarlo penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
Tal como se pudo conocer, durante el mes de abril del 2016, una máquina retroexcavadora abrió una calle que conducía a la vera del rio Bermejo, en cercanías del puesto de control conocido como “ACI CHALANAS”. Al tomar conocimiento de la situación, el comandante de Gendarmería Nacional César Miguel Arias y el administrador de la División Aduana de Orán, Edgardo Enrique Beretta, elevaron nota de la situación a la Fiscalía Federal de esa ciudad.
En la investigación se estableció que la retroexcavadora y su operador pertenecían a la Municipalidad de Pichanal y que el servicio había sido contratado por el intendente Oliva; además, que la apertura de la calle fue supervisada por otra persona del municipio de Aguas Blancas, que el maquinista no pudo identificar.
Una calle lateral al Puesto de Control fue habilitada en el sector denominado “El Paltal” y, en consecuencia, se habilitó una suerte de paso clandestino con acceso directo al territorio argentino, desde el embarcadero hasta el interior del pueblo.
En esta ocasión, se pudo comprobar finalmente que el intendente no había gestionado la apertura de la calle ante la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, con lo cual contrarió lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 15.345/44, que encarga a ese cuerpo la consideración y resolución -dentro de su jurisdicción- de los pedidos para otorgar concesiones y/o permisos que “las autoridades nacionales, provinciales y municipales» soliciten para autorizar “vías y medios de comunicación”.
Que dice la defensa del mandatario municipal
Joaquín Vélez, abogado defensor del mandatario municipal aclaró que desde la defensa van a interponer un recurso ante la Cámara Federal de Casación para apelar la decisión del juez Bavio, quien interviene interinamente en el Juzgado Federal de Tartagal.
La condena alcanza la pena de 6 meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y costas. A Oliva se lo acusa de ser autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público., por haber abierto un camino ilegal en la frontera con el vecino país de Bolivia.
Vélez expresó que al no ser una sentencia firme, dado que tienen habilitada la instancia recusatoria, Oliva no solo no se vería inhabilitado a participar de las próximas elecciones, sino que tampoco debería “incidir” en su mandato actual.
La justicia corrió los autos al Concejo Deliberante, quienes ahora deberán evaluar si realizan un proceso de juicio político al tener al mandatario municipal condenado, o si esperarán que se resuelvan los recursos presentados por la defensa de Oliva.
“Si los concejales deciden actuar como jueces sin una sentencia definitiva, estarían cometiendo un delito de abuso de autoridad ellos mismos, porque somos todos inocentes ante la ley hasta que un juez nos declare lo contrario”, aseguró Vélez.
“Es necesario la sentencia definitiva para que el concejo deliberante pueda actuar, de hecho el juez solo le va a comunicar la existencia de la sentencia a efecto de que tomen razón”, aseveró.
Dado que la condena establece una inhabilitación por un tiempo determinado, el abogado dejo entrever que en caso la sentencia quede firme, impulsaran que el concejo no opte por la destitución sino por una licencia del cargo mientras perdure la sentencia, que al menos por lo que dicto Bavio, la misma sería de un año.
La defensa de Oliva tiene hasta el 21 de septiembre para apelar la sentencia, algo que adelantaron a este medio que harán.
