A través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la “Ley Bozal” que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Salta y advirtió sobre una propuesta de reformas la constitución de la provincia de La Rioja. Ambas iniciativas promueven una posible censura a la libertad de expresión.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, emitió un comunicado ante los avances sobre la libertad de prensa y de expresión en las provincias argentinas. “Lamento que en un país (Argentina) con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”, inició el mensaje.
La iniciativa cuestionada en Salta es la llamada “Ley Bozal”, un proyecto que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y prevé una modificación al Código Contravencional, agregando un artículo que estipula sanciones que incluyen un arresto de hasta 25 días “al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”.
El proyecto tuvo una “pantalla”, presentándose como la intención de incorporar al Código Contravencional sanciones para quienes incurran en violencia digital, puntualmente en la mal llamada “pornovenganza”; pero terminó tratando de legislar sobre la libertad de prensa, además de buscar un blindaje para los funcionarios provinciales.
Con la media sanción, se espera su tratamiento en la Cámara de Senadores que, hasta el momento, no ha iniciado.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, emitió un comunicado ante los avances sobre la libertad de prensa y de expresión en las provincias argentinas. “Lamento que en un país (Argentina) con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”, inició el mensaje.
La iniciativa cuestionada en Salta es la llamada “Ley Bozal”, un proyecto que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y prevé una modificación al Código Contravencional, agregando un artículo que estipula sanciones que incluyen un arresto de hasta 25 días “al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”.
El proyecto tuvo una “pantalla”, presentándose como la intención de incorporar al Código Contravencional sanciones para quienes incurran en violencia digital, puntualmente en la mal llamada “pornovenganza”; pero terminó tratando de legislar sobre la libertad de prensa, además de buscar un blindaje para los funcionarios provinciales.
Con la media sanción, se espera su tratamiento en la Cámara de Senadores que, hasta el momento, no ha iniciado.
En el caso de La Rioja, el gobernador impulsa una reforma constitucional que busca limitar los mandatos de los jueces, pero también tiene la intención de limitar la libertad de prensa, algo que quedó claro en el discurso del mandatario durante la apertura de las sesiones de la Convención Constituyente donde pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública, en la promoción del diálogo y el debate constructivo”, como así también de “las graves consecuencias que tiene transmitir mensajes sesgados, mal intencionados e injuriantes, que siembran en la sociedad zozobra, odios y noticias falsas”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. “Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, subrayó que “es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información”.
Greenspon y Jornet indicaron que, para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP “rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas”.
Fuente: Nuevo Diario
