Lo anunció el jefe de gremio y uno de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer. Involucra a personal de enfermería y de asistencia, excluidos los profesionales de la medicina. El dirigente criticó la “intransigencia de las cámaras empresariales”.
El titular del gremio de Sanidad y uno de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves en demanda de reclamos de salarios y en rechazo de la “intransigencia de las cámaras empresariales”. La medida de fuerza alcanza a personal de enfermería y de asistencia, excluidos los profesionales de la medicina.
La decisión la anunció el dirigente gremial mediante un mensaje publicado en la red social X. “Frente a la intransigencia de las cámaras empresariales, el Consejo Directivo de Sanidad en su conjunto resuelve: Paro Nacional de 24 hs. a partir del jueves 22/02. Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de Sanidad. #sinsalarionohaysalud”, publicó Daer. El paro afectará las actividades en clínicas y sanatorios de todo el país que dependen del sector privado, pero se mantendrán los servicios esenciales y las guardias.
La medida de fuerza se inscribe en una secuencia de protestas y medidas de fuerza que empezaron a tomar sindicatos de la CGT en demanda de aumentos de salarios. A partir de esta medianoche, por ejemplo, debería empezar el paro de La Fraternidad, que afectará el servicio de trenes del área metropolitana todo el día de mañana.
La protesta además ocurre en un contexto de enorme tensión entre el gobierno nacional y la CGT por la situación social y una serie de reformas que impulsa la Presidencia de Javier Milei que afecta a las centrales obreras, desde una flexibilización en las relaciones laborales a la desregulación del sistema de obras sociales sindicales.
Pero lo más importante es el impacto que tuvo en la economía el plan de ajuste y estabilización que se puso en marcha desde el inicio de la actual administración, con el objetivo de frenar una escalada inflacionaria y ordenar una economía dominada por desequilibrios, regulaciones y controles. El draconiano programa impactó en el nivel de actividad y complicó las cuentas de las empresas, que se ven limitadas para ofrecer aumentos de salarios que no saben si podrán financiar.
Una situación similar ocurrió en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (CSMVM), donde los gremios y la representación patronal no llegaron a un acuerdo, debido a que las cámaras evitaron hacer una oferta de aumentos ante el contexto recesivo. Esa decisión generó un fuerte malestar en la representación sindical -tanto de la CGT como de las dos CTA- que exigieron la intervención del Estado y la firma de un laudo. Los gremios habían pedido un aumento del 80%.
En tanto, el Gobierno logró que uno de los gremios de trabajadores estatales que integra la CGT acepte un aumento del 12%, el cual fue rechazado por ATE, que remarcó que la suba está por debajo del índice de inflación y amenazó con tomar medidas de fuerza. Los funcionarios les transmitieron a los representantes estatales la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar un incremento del 12% para los salarios correspondientes al mes de febrero, que se sumó al 16% que acordó para enero.
La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, pero fue fuertemente rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar. En el resto del arco sindical también los sectores se dividen en posiciones intransigentes y dialoguistas. Parte del movimiento obrero impulsa un paro general por el deterioro progresivo de la calidad de vida de los trabajadores, y otra parte busca espacios de negociaciones para evitar una profundización de la crisis y que las reformas no avancen sobre derechos adquiridos.
