Por primera vez en 37 años, las políticas para atención y prevención de la violencia de género dejaron de tener institucionalidad en la Argentina, mientras se comete 1 femicidio cada 32 horas, cuando a cada hora 5 niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres, y en momentos en que 7 mil víctimas de violencia de género se encuentran en situación de alto riesgo, “sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar”, alerta un comunicado de Amnistía Internacional Argentina (AI), que pidió en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas hagan un llamado al Estado argentino para que informe sobre las políticas públicas que deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, y acceso a derechos sexuales y reproductivos.
“Esta decisión es adoptada en un contexto en que las autoridades manifiestan que la ´violencia no tiene género´, en total desconocimiento de las violencias que sufren las mujeres y diversidades”, declara la organización de derechos humanos.
“Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se adoptaron medidas que atentan contra los derechos de las mujeres y diversidades”, señala el comunicado. “En junio de 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género sin dar información sobre la evaluación realizada en cuanto al impacto social que tendrá la falta de un organismo dedicado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.”
En esa línea de vaciamiento de políticas de género centrales, también fueron desmantelados el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), “que ha contribuido a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años”, continúa el informe. Se suma la falta de insumos esenciales para el acceso a la salud sexual y reproductiva, “lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes, ante las barreras en el acceso a prácticas sensibles al paso del tiempo, como la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) y el acceso a métodos anticonceptivos”.
La continuidad de otras políticas públicas cruciales para la atención, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, como la Línea 144, es otro de los puntos de reclamo. “Históricamente ha brindado atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género las 24 horas, los 365 días del año, y quedó reducida a 2 trabajadoras”, sostienen. Entre 2019 y 2023, recibió más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93.000 intervenciones.
Asimismo, indican que el retroceso en las políticas de salud sexual reproductiva y no reproductiva se agrava por la falta de insumos esenciales, como Misoprostol, Mifepristona, anticonceptivos orales y del DIU, para garantizar el acceso a la IVE/ILE y a métodos anticonceptivos para la planificación familiar. “Conforme información suministrada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como mínimo hasta octubre habrá un faltante de stock de medicamentos esenciales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar el acceso seguro y en condiciones de calidad al aborto.”
