Los delitos
La investigación, liderada por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, reveló que los acusados habían utilizado facturas y documentos falsificados para justificar gastos inexistentes, desviando recursos económicos de la ADP hacia fines personales. Además, se probó que promovieron contratos fraudulentos a través del Fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, ofreciendo viviendas a los asociados a cambio de desembolsos económicos que nunca se tradujeron en resultados concretos.
El juez, al analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, consideró acreditada la responsabilidad penal de Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo en la administración fraudulenta y las múltiples estafas cometidas. En el caso de Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, su rol como partícipes necesarios en la administración fraudulenta fue determinante para la imposición de una condena condicional.
Rechazo a la inhabilitación
Uno de los puntos del fallo fue el rechazo del pedido de la Fiscalía de imponer una inhabilitación por diez años para ejercer cargos electivos en la ADP contra Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo.
El juez Riera también ordenó la inmediata detención y traslado de Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo a la cárcel de Villa Las Rosas para el cumplimiento de la pena. En el caso de Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, las reglas de conducta impuestas por el tribunal incluyen la obligación de presentarse periódicamente ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, y evitar cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas normas podría derivar en la revocación de la pena condicional. Al terminar el fallo., esposaron a Argañaraz y a Cerezo. Ambas fueron trasladadas a la cárcel de Villa Las Rosas.
Afectaron los sueños de varias personas
La fiscal Salinas Odorisio había solicitado una pena de siete años para la exsecretaria general Patricia Argañaraz y la tesorera, Ana María Cerezo, argumentando que el grado de afectación económica y social de los delitos ameritaba una sanción ejemplar. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que incluyeron documentos falsificados, contratos fraudulentos y testimonios de asociados perjudicados.
Uno de los aspectos más destacados fue la demostración de cómo los acusados utilizaban el fideicomiso “Virgen de Urkupiña” para generar expectativas entre los afiliados, quienes realizaron importantes desembolsos económicos a cambio de viviendas que nunca fueron entregadas.
Los testigos habían relatado la semana pasada cómo confiaron en el programa de viviendas promovido por la ADP y perdieron cuantiosos aportes.
A lo largo de las audiencias los testigos fueron aportando todo lo que les ocurrió y se dieron momentos muy emotivos y duros. Los damnificados esperaban justicia, consideraban que había suficiente elemento probatorio para las condenas. Ayer sintieron que hubo alguna respuesta ante tanto daño.
