La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se propicia que los conductores que provoquen un accidente automovilístico estando alcoholizados o habiendo consumido estupefacientes, abonen el costo de las prestaciones sanitarias que se realicen en los efectores de Salud Pública de la Provincia.
La normativa, faculta al Ministerio de Salud Pública, a través del organismo correspondiente, a efectuar los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública, conforme a la responsabilidad que al respecto establezca la autoridad competente. Quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación.
Ante la falta de pago por parte de los obligados y transcurridos sesenta (60) días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario de conformidad a lo que determine la reglamentación, la Autoridad de Aplicación y/o los Efectores de Salud Pública que ella disponga, emitirán un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley N° 5.233 y sus modificatorias.
El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y condiciones para implementar las disposiciones de la presente ley.
“Es innegable que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad y de lesiones graves en nuestra provincia, pero también en el país. Lo más alarmante aún es el porcentaje significativo de estos siniestros que está directamente relacionado con conductores que se encuentran bajo el consumo de determinadas sustancias y ante esta realidad, el costo humano, social, es incalculable, pero también existe un impacto económico que no podemos ignorar”, señaló la presidenta de la comisión de Salud, diputada Laura Cartuccia, al momento de exponer la norma.
En este sentido, la diputada precisó que, de acuerdo a datos brindados por los nosocomios locales, para estos casos, un día de internación en piso tiene un costo que ronda los 115.000 pesos, ello sin incluir medicación, tratamiento quirúrgico, entre otros ítems. En tanto, un día de internación en UTI, tiene un costo aproximado de 340.000 pesos, sin incorporar los costos de medicación, tratamientos, asistencia respiratoria mecánica, insumos médicos, etc. Asimismo, y según estos datos relevados, puntualizó el caso de una persona que tuvo un accidente vial en estado de ebriedad, y que debió permanecer internada un poco más de dos meses y que lamentablemente después perdió la vida como consecuencia de este accidente, generó un gasto de casi $12 millones y medio de pesos al sistema. Mientras que este año, en la misma situación, una persona que debió estar un día internada generó un gasto de casi tres millones de pesos.
“Hablamos de números significativos, de números que son visibles, pero también tenemos que ver otra situación, qué pasa con aquellas personas que quedan con secuelas producto de estas acciones”, remarcó.
“La atención llevada a cabo por los efectores de salud pública por accidentes de esta índole, demanda erogaciones significativas y repercuten en el sistema de salud pública porque debe destinar sumas elevadas para la atención de las personas que conducen de manera negligente e irresponsable. Esta propuesta lo que busca es establecer un principio de equidad, pero también de responsabilidad”, consideró.
En consonancia, explicó que “el sistema de salud cumplirá acabadamente con su rol de garantizar la atención inmediata y oportuna, absolutamente para todos, sin discriminación, Pero una vez superada la urgencia, es justo que quienes generaron estas situaciones, asuman parte de su responsabilidad”.
“Con esta medida no sólo se busca proteger los recursos del sistema sanitario, sino que también se busca promover una conciencia social mucho más sólida; es un llamado a la prevención y a la educación, pero sobre todo a la responsabilidad ciudadana”, concluyó.
A su turno, la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, ponderó que a través de esta propuesta enviada por el gobernador se busca disuadir a quienes conducen sin respeto no sólo a las normas de tránsito sino también a la integridad y hasta la vida de otros conductores y transeúntes, pero también resguardar el erario público y que quien ocasione un menoscabo a la salud pública por su conducta negligente e irresponsable deba responder por ello.
En tanto, la presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Patricia Hucena, señaló que la norma que se impulsa persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes, que con el pago de sus impuestos coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros de la naturaleza descripta.
Los legisladores coincidieron en que, si bien en la provincia se avanzó en materia legislativa para la prevención, y que en Salta rige la Ley Nº 7846, que establece la prohibición de conducir alcoholizado, existe una creciente siniestralidad ocasionada por este factor, razón por lo cual, más allá de las sanciones previstas actualmente en las normas específicas, merecen que los responsables asuman las consecuencias económicas de dichos actos.
El dictamen aprobado acumuló iniciativas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Fue remitido al Senado por unanimidad del Cuerpo.
